La mediocridad política en Canarias (o de los políticos, salvo
honrosas excepciones)
se encuentra debidamente contrastada, ya que tanto
la opinión pública como la opinión publicada -periodistas de todo
signo, analistas, organizaciones empresariales y sindicales, colectivos
profesionales, asociaciones vecinales, organizaciones no gubernamentales
e incluso la de algunos expolíticos que, ante tanta podredumbre,
corruptelas y mediocridad ética, han vuelto a su actividad profesional
privada- coinciden en ello. Lo dicho implica que si los colectivos
mencionados y la sociedad en general no se rebelan,
tendremos
garantizado nuestro negro futuro al menos durante veinte años más.
Canarias, con respecto al resto del Estado, se encuentra
desgraciadamente en el grupo de cabeza en diferentes ámbitos: desempleo,
abandono escolar, aumento del índice de pobreza, peores servicios
sociales, tasa de litigiosidad de las más elevadas del país, la función
pública canaria cada vez más desprestigiada (de ello se han encargado
los políticos), etc. y a todo ello le sumamos que ocho de cada diez
canarios desconfían del presidente del gobierno y desaprueban su gestión
según reconoce el CIS, tal como ha destacado don An-tonio Morales
Méndez, alcalde de Agüimes, en un reciente artículo publicado en un
periódico local, titulado
El estallido social que viene.
Ello es entendible si hacemos un repaso a la estructura orgánica del
gobierno y de otras administraciones y el reparto de sus competencias,
en función, claro está, de intereses partidistas y no desde una
perspectiva organizativa. Es más, una determinada dirección, máxima
responsable de una de las áreas antes mencionadas, ha cambiado de
titular en tres ocasiones en media legislatura. Si a todo esto añadimos
el nivel de corrupción en todas las administraciones, alcanzando a 35
municipios del archipiélago, apaga la luz y vámonos.
Todo lo anterior trae como consecuencia situaciones rocambolescas
como las que, a título de ejemplo, expongo a continuación, pero
extrapolable a cualquier otra actividad: el transporte por carretera en
Canarias.
Debo destacar antes de entrar en materia que
la Ley 13/2007, de 17 de
mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, fue
aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Por tanto,
dejo claro que lo que con este artículo pretendo no tiene el mínimo
carácter partidario y mucho menos connotación ideológica. Asimismo,
destaco que el mencionado texto legal,
así como sus dos reglamentos de
desarrollo, no han servido para nada que beneficie al sector del
transporte por carretera. Al contrario, ha perjudicado seriamente a los
distintos subsectores que componen el mencionado sector de la actividad.
A las pruebas documentales, experiencias administrativas de los entes
gestores y los resultados empresariales me remito.
Los resultados son lógicos, pues
de transporte por carretera son
pocos los políticos que tienen algún conocimiento; no creo que lleguen a
diez. Muchos menos tienen interés en aprender o estudiar sobre ello,
aunque lleven bastantes años con responsabilidades en el sector, y la
mitad de estos no tienen interés alguno en hacer frente a la
problemática que genera tan importante e imprescindible actividad
empresarial en la economía canaria. En consecuencia, que cada uno de los
que tienen responsabilidad en el área se incluya en el grupo que
considere oportuno.
Hoy me quiero limitar al subsector del taxi, tan candente en estos
días, pues distintas circunstancias han querido que coincidan en el
tiempo dos situaciones de consecuencias muy negativas e incalculables no
solo para el citado subsector, sino lo que es peor, para la imagen de
una ciudad, una isla o una región como la nuestra que s
in el transporte
por carretera no podría subsistir. Me refiero al llamado caso de los
floteros del taxi y al de carga de viajeros por estos vehículos en
puertos y aeropuertos.
En el primero de los casos, el de los floteros, ya me he manifestado
en artículos anteriores y, por tanto, me mantengo en mi posición
“de
acabar con ellos”, pero al tratarse de un asunto sub júdice, prefiero
abstenerme y no echar más leña al fuego.
No obstante, y sin perjuicio de
las responsabilidades administrativas o incluso penales de los floteros
o de los titulares de las licencias municipales implicados en el
desaguisado, la principal culpa de la situación a la que se ha llegado
es de la administración pública, ya sea por acción, omisión, connivencia
o permisividad con los implicados.
El segundo de los casos es el referido a la recogida de viajeros en
puertos y aeropuertos, por taxis de municipios sin licencia municipal
del lugar en que estén radicados dichos recintos. A estos efectos, el
artículo 86.1 de la citada ley 13/2007 estable: “Los cabildos insulares,
previa audiencia de los ayuntamientos afectados y oídos los
representantes de los taxistas y de los usuarios, declararán como áreas
sensibles aquellos puntos específicos tales como puertos, aeropuertos,
intercambiadores, estaciones de transporte y similares que sean de
interés general y en las que se genere un tráfico importante que afecte a
las comunicaciones entre distintos municipios, a la conexión entre
islas o a la atención a los turistas.
En ellos se podrá establecer un
régimen especial de recogida de viajeros fuera del término municipal”.
Respecto a este precepto es preciso destacar dos cuestiones. Primera:
el término declararán es taxativo e imperativo. Por tanto, al Cabildo
insular de Gran Canaria no le ha quedado otra alternativa que declarar
como tales áreas sensibles las que recoge el Decreto 8/2013, de 4 de
marzo de 2013, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia del 10 de
abril. Son el aeropuerto de Gran Canaria, el puerto de La Luz y de Las
Palmas y el puerto de Agaete. Segunda: el régimen especial de recogida
de viajeros debió ser resuelto por la Comunidad Autónoma de Canarias, en
igualdad de condiciones para todos los aeropuertos y puertos de las
islas, de igual forma a como lo han hecho el resto de comunidades
autónomas para iguales recintos en sus respectivos territorios. Pero
desde la Consejería autonómica competente en ordenación de los
transportes no han sido capaces ni siquiera de contrastar la normativa
comparada al efecto. Con ello solo han conseguido que se regule de
distinta forma en cada isla, con las consecuencias negativas para los
contratantes de dichos servicios que en su mayoría (administraciones,
grandes empresas, navieras, turoperadores, etc.), ven con asombro cómo
en una misma comunidad autónoma se debe contratar de distinta forma para
iguales servicios, en función del territorio insular para el que
solicitan dichos servicios. Ante ello, el Cabildo de Gran Canaria, al
igual que otras corporaciones insulares, han redactado sus propios
reglamentos al efecto.
En el caso de Gran Canaria y después de intensas negociaciones con
los ayuntamientos de los municipios afectados y de los colectivos con
intereses en el subsector, según recoge la prensa, el Boletín Oficial de
la Provincia de 15 de mayo pasado publica un anuncio mediante el que se
somete al trámite de información pública y de audiencia a los
interesados del reglamento regulador de las áreas sensibles que afecta a
los recintos antes mencionados, dando un plazo de treinta días hábiles
para ello, el cual ya ha vencido y que se supone se han producido
alegaciones, pues aún no ha sido aprobado de forma definitiva.
El citado proyecto de reglamento, con mayor o menor acierto, pero que
al Cabildo insular no le ha quedado otra alternativa, no seré yo quien
en este artículo lo valore, pues, además de no tener carácter
definitivo, sería muy largo de exponer.
En cualquier caso, sí debo advertir a la corporación insular para que
no cometa errores desde el artículo 1 del mismo, que el Decreto
74/2012, de 2 de agosto, solo tiene un artículo. Por tanto, el artículo
21 al que se refieren lo es del Reglamento aprobado por el mencionado
Decreto 74/2012. Como todos hemos visto en estos últimos meses, en la
prensa local se han publicado manifestaciones al respecto por parte de
responsables políticos de la Comunidad Autónoma, de los ayuntamientos
afectados, de los colectivos profesionales, incluso un artículo de
opinión de un osado presidente de la gestora en Agaete de un partido
político según se identifica.
Además, en un periódico local se publica el 7 de abril un reportaje titulado
“Un día con un taxista en el Aeropuerto”.
Pues bien, a todas estas informaciones, artículos de opinión y
reportajes, realizados en unos casos mintiendo, en otros sin tener la
menor idea al respecto, algunos con afán manipulador y/o engaño y algún
otro por exceso de celo, les responderé con breves líneas a cada uno.
La directora general de Transportes por una parte deberá responder
por qué en función de las competencias del Gobierno de Canarias no se
reguló de igual forma para todas las islas, como así lo han hecho el
resto de comunidades autónomas en sus respectivos territorios como dije
anteriormente, y por otra, deberá acreditar documentalmente que los
cabildos insulares pidieron esa potestad, pues en una desafortunada
declaración (¿intencionada?) espetó que por dicha petición “los cabildos
tendrán que apechugar”.
Los regidores de Telde e Ingenio solo pretenden arañar votos,
cuestión por otra parte que deben ganarse durante toda la legislatura,
pues además de no tener ni idea del asunto ni conocer cómo se regula en
otras zonas, a pesar de “viajar tanto”,
deben recordar que sus
municipios son de los que más licencias municipales de taxis por mil
habitantes tienen en todo el territorio nacional, solo por el hecho de
crear licencias para “atender” al aeropuerto y no para atender como
sería lógico a otros núcleos de población del municipio. De ahí, muchos
de los problemas que acarrea el subsector en ambos municipios.
Al presidente de la gestora de CC en Agaete, Antonio A. Chirino,
sobre su artículo de opinión publicado el 17 de abril pasado, le
recuerdo algo y le recomiendo dos cuestiones. Le recuerdo que fue su
partido político el que promovió la Ley 13/2007 y sus reglamentos de
desarrollo, que han generado este problema. Y le recomiendo que haga
suyas y reflexione sobre dos cuestiones planteadas en su artículo.
Primera:
quien debe leerse el reglamento del taxi es él, pues de lo contrario nunca se enterará de qué va el asunto.
Segunda: aplíquese la cita que hace al final de su artículo del
sociólogo Max Weber: “El político debe tener amor apasionado por su
causa; ética de su responsabilidad y mesura en sus actuaciones”. Por
ello, igualmente le recomiendo que no sea tan frívolo en sus acciones y
actuaciones polí-ticas, pero, visto lo visto, me lo imagino.
A Bernardo Suárez (Nando), protagonista del reportaje publicado el
domingo 7 de abril pasado, persona a la que aprecio, pues desde que era
asalariado del taxi sabe cuáles fueron mis recomendaciones al respecto y
lo peligroso que era aumentar el número de licencias de su municipio,
como así ha quedado demostrado. Solo le digo que su reportaje no es
objetivo intencionadamente. Su colectivo sabe por experiencia que el
jueves (día del reportaje) es uno de los peores de la semana en número
de operaciones de llegadas nacionales e internacionales. Pudo haber
elegido el lunes, el miércoles, el sábado o el domingo, días que casi
duplican el número de operaciones. En tal caso, el mencionado día (desde
las 08.05 del jueves a las 08.21 del viernes) lo hubiese tomado de
descanso, cuestión por otra parte no regulada por el mencionado
Ayuntamiento de Telde.
A los grupos de la oposición del Cabildo. No es de recibo que en una
cuestión tan importante estos grupos políticos se abstengan. ¿No nos
piden a los ciudadanos que participemos y no nos abstengamos? Deben
posicionarse y explicar a los colectivos profesionales en particular y a
la ciudadanía en general la decisión a favor o en contra que adoptan y
por qué la adoptan. La abstención es un fraude.
Al concejal de Hacienda de Agüimes, don Óscar Hernández, por su
trayectoria personal y política lo eximo de responsabilidad en sus
declaraciones al respecto, pues por su vocación de servicio a su
municipio creo que lo han confundido. Está equivocado.
Termino, pues sería imposible en este espacio abarcar todo lo que
pretendo. No obstante, quiero destacar como al principio dije que,
aunque
la ineficaz Ley 13/2007 fue aprobada por unanimidad en el
Parlamento regional, el mismo camino llevan los reglamentos que la
desarrollan.
Los responsables máximos de su impulso y promulgación siguen sin
hablar. En consecuencia y nunca mejor dicho,
“el transporte por
carretera, por los suelos”, pero “el tren, sin embargo, sobre ruedas” y
todos hablando del “proyecto”. Por cierto, hablando del tren planteo
tres cuestiones para nota:
Primera: ¿qué estudio serio y riguroso garantiza y/o recomienda la
viabilidad económica, social o de cualquier índole de su
establecimiento?
Segunda: ¿de dónde salen los 14.600.000 viajeros que conseguirán en
el primer año? ¿No le faltarán pilas a la calculadora? Tercera: ¿cuál es
la norma o cuáles son las normas de rango legal que facultan y dan
competencias al Cabildo para tal proyecto?
A lo mejor, cuando por quien corresponda y debidamente documentado
conteste a las tres cuestiones planteadas, me atrevo y escribo sobre el
tren.
SALUT Y BUEN VIAJE.
